En estos últimos años podemos observar a través de los medios de
comunicación de masas –sobretodo en televisión- un lavado de imagen en
varias de las más importantes instituciones estatales. Era lo que
necesitaba urgentemente el Estado tras hacerse público los escándalos de
corrupción a nivel político y también financiero en las que éstas
quedaban en evidencia delante de la opinión
pública. Pero este lavado de imagen a través de los medios de
comunicación también responde en general a un adoctrinamiento de la
sociedad para normalizar su conducta dentro del marco convivencial en el
que se desarrollan sus actividades. El grado de corrupción de cada tipo
de sociedad vendrá determinado por la política social impuesta por el
Estado capitalista y sus aliados.
La sociedad como masa uniforme y a la vez fragmentada se siente psicológicamente vulnerable, aislada e impotente delante de unos hechos que no acaba de comprender y que provocan confusión y desorden, es decir, la dejan sin respuesta efectiva como podemos comprobar con la crisis económica a día de hoy. Ante esta perspectiva el Estado y sus especialistas toman y tomarán medidas para ofrecer seguridad aparente a sus súbditos. La publicidad será una de las armas que utilizará éste para mantener bajo dominio y control a los ciudadanos impotentes con amenaza de desordenes y estallidos sociales, es de esperar un aumento de los fuerzas de seguridad ante este panorama.
La política social del Estado que ejercen de forma encubierta los medios de comunicación de masas destinada a los ciudadanos, y que es promulgada por la élite no tan solo para determinar las normas de conducta en general sino en último caso para imponerlas de un modo u otro sirven para aceptar de una manera velada las normas de un régimen despótico y dictatorial encubierto en una supuesta fachada de “democracia participativa”.
La posibilidad de que el Estado dicte a través de sus instituciones leyes más restrictivas con sanciones cada vez más punibles condicionaran la conducta de los ciudadanos que se verán obligados a acatarlas bajo pena de castigo, éstas restringuiran la libertad de los individuos en pos de la buena conducta ciudadana impuesta por la oligarquía.
La sociedad como masa uniforme y a la vez fragmentada se siente psicológicamente vulnerable, aislada e impotente delante de unos hechos que no acaba de comprender y que provocan confusión y desorden, es decir, la dejan sin respuesta efectiva como podemos comprobar con la crisis económica a día de hoy. Ante esta perspectiva el Estado y sus especialistas toman y tomarán medidas para ofrecer seguridad aparente a sus súbditos. La publicidad será una de las armas que utilizará éste para mantener bajo dominio y control a los ciudadanos impotentes con amenaza de desordenes y estallidos sociales, es de esperar un aumento de los fuerzas de seguridad ante este panorama.
La política social del Estado que ejercen de forma encubierta los medios de comunicación de masas destinada a los ciudadanos, y que es promulgada por la élite no tan solo para determinar las normas de conducta en general sino en último caso para imponerlas de un modo u otro sirven para aceptar de una manera velada las normas de un régimen despótico y dictatorial encubierto en una supuesta fachada de “democracia participativa”.
La posibilidad de que el Estado dicte a través de sus instituciones leyes más restrictivas con sanciones cada vez más punibles condicionaran la conducta de los ciudadanos que se verán obligados a acatarlas bajo pena de castigo, éstas restringuiran la libertad de los individuos en pos de la buena conducta ciudadana impuesta por la oligarquía.