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miércoles, 11 de marzo de 2015

Breve reseña sobre el artículo "El Estado y el Capital" de Esteban Vidal.






Por su interés publico este artículo de Esteban Vidal, donde se detalla quién es el que ejerce el mando en la sociedad - y en el que estoy de acuerdo-, el Capital como actor integrante y colaborador del Estado cumple su función, pero aparte de aquel hay otras instituciones de éste con más poder que la élite financiera y que el autor del escrito señala también como las más relevantes dentro del funcionamiento de la sociedad.

Así la controversia está servida, la gran mayoría de información vertida y revelada sobre esta cuestión señalan a los grandes bancos y multinacionales como los verdaderos detentores del poder y que están por encima y dictan las ordenes a los Estados, dando la imagen de control y mando total sobre el resto de la sociedad.

La idea de que el Capital está por encima del Estado y lo somete a sus designios ya es una opinión generalizada por la inmensa mayoría de los medios de comunicación y que de este modo queda plasmada en la opinión pública que la ha convertido cuando menos en un dogma de fe.


Habría que someter al análisis más exhaustivo posible toda la cuestión referente al Estado y al Capital porque es bajo mi punto de vista fundamental para entender los resortes sobre los que se articula el funcionamiento de la sociedad.

No obstante y más allá del debate y la polémica Estado y Capital una cosa debería quedar clara, una élite de poder restringida y posiblemente o en parte "oculta" formada por varios miembros del Estado y del poder económico y financiero serían los verdaderos detentores del poder que decidirían y mandarían sobre las cuestiones más relevantes de la inmensa mayoría de las vidas de los hombres que integran la sociedad.


Artículo de Esteban Vidal:

"Está muy extendida la vieja y conocida idea socialdemócrata de que es el Capital, compuesto por las elites económicas y financieras junto a sus instituciones bancarias y empresariales, el que da las órdenes al Estado y a sus principales agentes, sobre todo políticos, de tal manera que este no es más que una prolongación de aquel, un instrumento encargado de hacer cumplir la voluntad de empresarios y banqueros. Esta imagen de la realidad, además de ser carca y reaccionaria, está muy extendida en la sociedad y especialmente en los medios del radicalismo político. Sin embargo, un análisis de los hechos concretos nos desvela que es completamente falsa, y que si hoy es socialmente tomada por cierta se debe fundamentalmente a haber sido repetida una y otra vez desde las instancias adoctrinadoras del sistema de dominación vigente.
La afirmación de que el Estado es un simple instrumento del Capital responde a un prejuicio ideológico que hace de la economía el elemento determinante de todos los demás procesos sociales, políticos e históricos. Todo esto no ha hecho mas que confundir consecuencias con causas y presentar una imagen distorsionada de la realidad que, además de ser falsa, está hecha para justificar un discurso político socialdemócrata que es sumamente reaccionario. Este discurso consiste en presentar al Estado ya no sólo como herramienta del Capital, sino como expresión de lo público y por ello una institución encargada de representar a la sociedad, de manera que su finalidad no es otra que la de servirla y legislar en su beneficio. Así es como este discurso político afirma la necesidad de que el Estado se afirme frente al Capital, que lo regule y lo someta al interés público porque es el Capital el que tiene secuestrado al Estado y a las instituciones. De este modo se justifica la política parlamentarista y reformista que exige que la sociedad elija a unos representantes que sepan imponerse a los poderes económicos y financieros, que afirmen el interés público frente al interés privado de los empresarios, banqueros y demás grupos de presión que han secuestrado lo público, y por tanto que hagan de las instituciones oficiales instrumentos de emancipación y de empoderamiento social.
Si estudiamos con detenimiento la historia del Estado moderno veremos que en la actualidad el Capital tiene mucha menos autonomía que hace varios siglos y también décadas, y que por ello está hoy mucho más sujeto al Estado y a sus intereses de lo que nunca antes lo estuvo en la historia. Desde sus comienzos, cuando el poder estatal era relativamente limitado al no disponer del monopolio de la violencia y de otros medios de dominación estratégicos, la dependencia del Estado con diferentes agentes privados representantes del poder económico y financiero era mucho mayor. En la medida en que el Estado no disponía de los medios económicos, materiales y financieros precisos para costear sus instrumentos de coerción se veía en la obligación de negociar y llegar a acuerdos con quienes ostentaban el poder económico, que en aquel entonces se encontraba acumulado en centros dispersos, generalmente redes de ciudades como las que existían entre el norte de Italia y el Canal de la Mancha. En este contexto era relativamente frecuente que las propias ciudades, y consecuentemente los grandes magnates, dispusieran de ejércitos y ofrecieran resistencia a los soberanos territoriales cuyos dominios eran más amplios.
Los primeros elementos capitalistas los encontramos, entonces, en torno a las ciudades al ser focos de acumulación, y en algunos casos de elevada concentración, de medios económicos y financieros que en caso de ser capturados o cooptados podían servir a los fines de los soberanos. Las oligarquías urbanas extendían su poder sobre el hinterland urbano y sobre vastas redes comerciales lo que podía proveerles de una relativamente amplia autonomía política, lo que variaba en función de la posición que ocupase una ciudad, bien como un lugar central o como parte de una amplia red urbana.[1]
A comienzos de la edad moderna era relativamente frecuente el enfrentamiento entre el Estado y un incipiente mercado que progresivamente se extendía a través de las ciudades a un ámbito supralocal o regional y que sólo el Estado, a través de la concentración de medios de dominación política, convirtió en nacional para controlarlo y disponer así de los medios económicos necesarios con los que preparar y hacer la guerra. En cualquier caso fue entre 1400 y 1700 aproximadamente, en el denominado período de mediación, en el que los Estados recurrieron fuertemente a elementos capitalistas formalmente independientes para facilitarles préstamos, para administrar empresas productoras de rentas y para la recaudación de impuestos. Fue una época marcada por la existencia de contratistas que servían de intermediarios entre el Estado y sus súbditos en tanto en cuanto le facilitaban al primero los medios logísticos, materiales, financieros y económicos de los que carecía para ejercer su gobierno y para preparar y hacer la guerra.
Como ejemplo de lo anterior basta señalar que durante este período los Estados se veían obligados a contratar buques comerciales armados para afrontar sus empresas bélicas y sus expediciones de ultramar. De este modo fue como Inglaterra pudo llevar a cabo su expedición a las Indias Occidentales en 1585, pues de un total de 25 barcos sólo 2 habían sido proporcionados por la Corona y únicamente un tercio de los costes totales de equipar la expedición fueron financiados por el gobierno, todo ello a pesar de que el almirante que la comandaba, Francis Drake, tenía facultades de oficial y autorización real. En Francia, por ejemplo, la corona dependía de una extensa red de recaudadores de impuestos que al mismo tiempo ejercían como prestamistas, de forma que esta profesión era al mismo tiempo un gran negocio que estaba al margen de cualquier control gubernamental.[2] La lentitud para recaudar grandes sumas de dinero en tiempo de guerra hacía que el Estado francés tuviera que pagar elevados tipos de interés. Esto provocaba depreciaciones de la moneda y el rechazo al pago de parte de la deuda, unido a otro tipo de acciones arbitrarias contra los prestamistas como podía ser su ajusticiamiento bajo la acusación de ser responsables de los problemas financieros del país, lo que permitía cancelar la deuda y confiscar sus riquezas.
Para el s. XIX la mayoría de los Estados europeos habían desarrollado una administración burocrática que constituía lo fundamental de su estructura organizativa central, y con ella asumieron muchas funciones gubernamentales que hasta entonces habían sido delegadas en los contratistas militares, los arrendadores de impuestos y otros intermediarios independientes.[3] En este proceso los Estados continuaron negociando los créditos, las rentas y la provisión de otros medios materiales, económicos, financieros y logísticos necesarios para la consecución de sus propios intereses a cambio de concesiones a las clases oligárquicas como fue el establecimiento del parlamentarismo, el reconocimiento legal de la propiedad privada en los medios de producción y de la libertad de empresa, el establecimiento de determinados servicios estatales, etc. Hasta entonces los soberanos habían contendido con los mercados y con las clases oligárquicas para conseguir los medios materiales para hacer la guerra, hasta que finalmente las elites políticas optaron por una estrategia fundada en la colaboración que incorporó a las elites económicas y financieras a las tareas de gobierno al mismo tiempo que aumentaron los recursos disponibles al servicio del Estado. En lo que a esto se refiere la implantación del régimen parlamentarista y liberal es una clara consecuencia de esta tendencia histórica.
El Capital, y más concretamente el capitalismo como sistema socioeconómico, es posterior a la existencia del Estado, pues este último no sólo le precede sino que ha sido su principal facilitador. La necesidad del Estado de mejorar las capacidades productivas de la economía para disponer de una cantidad creciente de recursos con los que afrontar sus esfuerzos bélicos propició la formación del capitalismo. En gran medida el nacimiento y, en definitiva, la construcción del Estado explican la aparición y desarrollo del capitalismo en la historia pues sin la intervención estatal que establece la protección jurídica, así como las medidas de seguridad que a nivel represivo sostienen a dicho modelo socioeconómico, no hubieran sido posibles aquellas condiciones que son determinantes para su existencia.

El Estado puso la bases del capitalismo y su formación fue favorecida en interés del propio Estado como medio del poder político para competir con éxito frente a otras potencias en la esfera internacional. Para esta labor resultó necesario la creación de un mercado ampliado, a escala nacional, que permitiera al Estado regular la economía por medio de su legislación y de diferentes medidas proteccionistas. La intervención estatal se manifestó en la protección jurídica del derecho a la propiedad privada en los medios de producción, de manera que se garantizaba al capitalista la posibilidad de acumular riquezas de forma ilimitada, y por otro lado fueron establecidas unas medidas de seguridad que sistematizaron la represión con la aparición de diferentes cuerpos policiales. Junto a estos factores cabe sumar la construcción de unas infraestructuras de comunicaciones que facilitaron el intercambio comercial en los dominios territoriales del Estado y con ello la ampliación del incipiente mercado local y regional a una escala nacional.[4]

La aparición del capitalismo estuvo igualmente vinculada con las revoluciones militares y la formación de los ejércitos permanentes que hicieron posible la aparición del Estado moderno. En este sentido destacaron una serie de cambios y mejoras técnicas en el arte de la guerra que dieron lugar a unas nuevas exigencias militares para el abastecimiento de ejércitos más numerosos y costosos de mantener. La búsqueda de estos recursos para preparar y hacer la guerra no sólo condujeron a la búsqueda de nuevos yacimientos de metales y al acceso a rutas comerciales estratégicas, sino que exigieron el crecimiento del aparato burocrático del Estado y el desarrollo de la técnica para una producción a gran escala.

La creciente movilización de una cantidad cada vez mayor de recursos de todo tipo (humanos, económicos, financieros, logísticos, etc.) fue acompañada de una mejora organizativa del Estado al establecer un gobierno de la sociedad por medio de las leyes. De esta forma las leyes pasaron a otorgar la capacidad de mandar a unos sobre otros, y con ello el poder político fue convertido en una función desempeñada por distintas instituciones especializadas en ámbitos concretos. El poder dejó de depender de los individuos que momentáneamente pudieran ejercerlo y ello revirtió en beneficio de la organización del Estado, como estructura unitaria provista de unas normas propias que pasaron a garantizar la continuidad del ejercicio de sus funciones. El imperio de la ley limitó la arbitrariedad y estableció la predecibilidad a través de la regulación de los patrones de comportamiento en las instancias del poder político, lo que al mismo tiempo dotó de la correspondiente autonomía a los diferentes órganos estatales. Este proceso hizo de la política una esfera independiente y diferenciada de todas las demás, dotada de órganos decisorios propios para actuar sobre la sociedad. El Estado, por medio de sus instituciones, adquirió sus propios intereses identificados con su organización y diferenciados de las personas que momentáneamente pudieran dirigirlo.[5] 

Pero lo definitorio de este proceso fue la consecución del monopolio de la violencia por parte del Estado, lo que le proveyó de la correspondiente soberanía entendida como la capacidad de tomar decisiones vinculantes para la población de su territorio, y disponer así de un poder originario no dependiente ni interna ni externamente capaz de imponerse si fuera preciso por medio del uso de la fuerza. Gracias a esto el Estado ha podido imponer desde entonces su propia ley y regular una innumerable cantidad de ámbitos de la vida humana para someterlos a sus intereses. Con la creación de nuevas instituciones para regular estos ámbitos el Estado creció y aumentó su capacidad de movilización de recursos a todos los niveles. Así es como, en conjunción con las exigencias impuestas por la esfera internacional en la competición entre potencias, el ejército y toda la empresa bélica crearon una demanda constante que impulsó la producción y la transformación de las fuerzas productivas en su forma capitalista.

A partir del s. XVIII, e incluso bastante antes en algunos países, puede apreciarse una clara colaboración entre el Estado, sobre todo sus elites políticas, y las clases oligárquicas que acumulaban la riqueza económica y financiera del país a cambio de una serie de privilegios como la participación en las tareas de gobierno. De esta forma ayudaron a crear el Estado al mismo tiempo que afirmaban sus derechos y privilegios frente a la autoridad monárquica y quedaban integrados en la elite dominante. Asimismo, este proceso llevaba aparejado una serie de transformaciones sociales en las que el interés particular fue instituido como factor del desarrollo económico de la sociedad. La experiencia histórica demostró que el sistema social resultante era capaz de movilizar una cantidad creciente de recursos que los sistemas de mandato que habían imperado hasta entonces.[6]

El elemento decisivo en las relaciones entre Estado y Capital es el que determina el sujeto soberano, y por tanto quién posee la capacidad de tomar decisiones políticas vinculantes para el conjunto de la sociedad. Esta capacidad hoy por hoy la posee el Estado de forma exclusiva y hace uso de ella en función de sus intereses definidos en términos de poder político, militar, cultural, económico, etc. El monopolio de esta capacidad que disfruta la elite política es la que instituye el principio autoritario del actual sistema de dominación, y por tanto conforma la desigualdad primigenia de la que proceden todas las demás desigualdades: económica, social, etc. De esta desigualdad en la que unos pocos pueden imponerse al resto, llegando a recurrir al uso de la coerción, proceden las jerarquías sociales. En este punto conviene traer a colación lo apuntado por Pierre Clastres pues viene a confirmar todo lo expuesto hasta ahora: “La mayor división de la sociedad, la que fundamenta todas las demás, incluida sin duda la división del trabajo, es la nueva disposición vertical entre la base y la cúspide, es la gran ruptura política entre detentadores de la fuerza, sea ésta guerrera o religiosa, y sometidos a esta fuerza. La relación política de poder precede y fundamenta la relación económica de explotación. Antes de que sea económica, la alienación es política, el poder es anterior al trabajo, lo económico es una derivación de lo político, el surgimiento del Estado determina la aparición de las clases”.[7]

En la actualidad quien manda en la sociedad es el Estado, no el Capital. Hoy el Estado posee una capacidad económica superior a la de cualquier empresa, pues acapara de media más del 50% del PIB en los países occidentales, y en algunos, como los escandinavos, supera el 70% del PIB. El Estado es actualmente el principal poder económico y financiero. A esto hay que sumar la inmensa cantidad de instituciones reguladoras del mercado, de las finanzas y de la economía de las que dispone, sin contar una gran diversidad de empresas que se encuentran bajo control estatal directo. Basta señalar que el Estado español tiene cerca de 3 millones de asalariados a su cargo, lo que hace de él el mayor explotador de mano de obra directa frente a empresas del capitalismo privado como El Corte Inglés que dispone de 120.000 asalariados. Sólo el Pentágono controla una mano de obra total de 5 millones de asalariados, lo que constituye la principal fuente de demanda para la producción capitalista en los EEUU. Pero tampoco hay que olvidar que el Estado desarrolla otra forma de explotación mediante la imposición de tributos que toda su población está obligada a pagar bajo amenaza de sanciones de distinto tipo. El control estatal es tan grande que no puede desempeñarse ninguna actividad económica sin la debida autorización. Todo esto viene complementado por una innumerable cantidad de subvenciones a la empresa privada que mantienen a flote el capitalismo privado, sin olvidar la nacionalización de una gran cantidad de bancos y otras entidades financieras ejecutada por diferentes países como EEUU, Alemania o España, especialmente al comienzo de la crisis financiera mundial.

Además de los recursos humanos, financieros, económicos, materiales y logísticos que el Estado controla directamente se encuentran todos aquellos que también controla y dirige indirectamente por medio de su legislación. Esto desmiente la idea, también socialdemócrata y reaccionaria, de que la economía se encuentra fuera de cualquier control y regulación, de tal manera que las empresas y los bancos operan por encima de los Estados sin ninguna restricción. A esto se sumaría la idea tan manida acerca de la globalización como un gran proceso de desregulaciones, privatizaciones y liberalizaciones que ha acabado con el Estado y ha logrado así imponer una economía y unos mercados mundializados que tienen el control de todos los países.[8]

El Estado es un poder en sí mismo que articula y organiza otros poderes como el militar, económico, político, financiero, ideológico, etc., que hacen de esta institución un sistema de dominación impersonal integrado por una gran diversidad de intereses. El Estado no es un simple instrumento, una maquinaria de coerción al servicio de la clase dominante para oprimir a la clase sometida, sino que también es una realidad en sí y por sí con vida propia y con sus propios y particulares intereses que se definen en términos de poder político, cultural, económico, etc. Por el contrario aquellas teorías y corrientes ideológicas que hacen del Estado un simple instrumento son erróneas. Aquí se inscribe el marxismo que desde un principio consideró al gobierno del Estado moderno una mera junta administradora de los negocios de la clase burguesa.[9]

Esta es la noción del Estado, y más concretamente del Estado capitalista, que lo reduce a la condición de maquinaria al servicio del Capital, sin una existencia propia y diferenciada. Sin embargo esto es erróneo, y tal como apuntó Rudolf Rocker el Estado no sólo sirve al Capital sino que también se sirve a sí mismo.[10]  A esto hay que añadir que el Estado también se sirve del Capital para conseguir sus propios intereses, como así lo demuestra la gran cantidad de impuestos que las corporaciones capitalistas tributan al Estado, razón por la que al ente estatal le interesa que los beneficios de estas entidades sean los mayores posibles para poder costear sus fuerzas armadas y represivas. Asimismo, el Estado se vale del Capital para penetrar económica y comercialmente otros países y desarrollar su política imperialista mediante la que conseguir recursos de los que carece.[11]

El reformismo de cariz izquierdista encarnado por la socialdemocracia y sus variantes reaccionarias asumió parcialmente la idea de que el Estado es un instrumento susceptible de ser puesto al servicio de la sociedad. Este planteamiento justifica la política reformista de participar en las instituciones del poder establecido con el propósito de gestionarlas bajo un designio diferente que implemente mejoras progresivas y parciales en la sociedad. La implantación de regulaciones, controles y de diferentes organismos supervisores estaría destinada a someter al Capital al interés estatal, y por tanto público. Pero incluso esta perspectiva conducente a mantener el orden establecido, y a justificar la política electoralista del parlamentarismo, fue rechazada por la izquierda revolucionaria que abogaba por la destrucción del Estado capitalista, en tanto en cuanto consideraba que el Estado tiene una existencia propia común al de la clase propietaria, lo que hace ineludible su destrucción y la de las relaciones sociales que le dan sustento al estar organizado y dirigido a la consecución de fines igualmente capitalistas, lo que impide que baste con cambiar su personal para orientar en otro sentido su actividad. El propio Gramsci resumió esta postura con las siguientes palabras: “Las instituciones del Estado capitalista están organizadas para los fines de la libre competencia: no basta cambiar el personal para orientar en otro sentido su actividad”.[12]
Estos planteamientos no son muy diferentes de los sostenidos por Marx a partir de las conclusiones extraídas de la experiencia de la Comuna de París, y que hacía ineludible la destrucción del Estado para la construcción de un orden social sin clases, y juntamente con ello el armamento general del pueblo, el establecimiento de una organización no estatal de la sociedad y la expropiación al Capital sin indemnización para poner los medios de producción al servicio de la clase obrera.[13] Estos planteamientos revolucionarios también pueden encontrarse en una parte de la obra de Lenin, quien ya destacó la importancia de la destrucción del Estado para la realización de la revolución y el desarrollo de una forma de organización social sin Estado.[14]
La socialdemocracia, guiada por su reformismo, hace de la economía una realidad con potestad autónoma y desarrolla una visión economicista que reduce la problemática política y social del sistema capitalista a una mera dimensión económica, de conquista de mejoras parciales e inmediatas que en nada alteran el orden capitalista. El Estado, en su forma capitalista, sería desde esta postura ideológica perfectamente válido para esta tarea gestora en tanto que lo único que cuenta es lo económico al ser tomado por la base de todo. Pero esta formulación que muchos consideran marxista ni tan siquiera lo es en tanto que Marx y Engels la rechazaron al advertir que la infraestructura económica sólo es determinante en última instancia. Tal y como apuntaba Perry Anderson “la secular lucha entre clases queda en última instancia resuelta en el nivel político –no en el económico o cultural- de la sociedad”.[15]
El Estado es el que ejerce el mando sobre la sociedad, y con él toda una compleja elite dominante a la que agrupa e integra en unas estructuras de poder comunes. Esta elite la componen no sólo los empresarios y banqueros, que son una parte pero en modo alguno la más decisiva, sino que también están presentes con un peso relativo mucho mayor los mandos militares y policiales, los jefes de los servicios secretos, los altos funcionarios de los ministerios, los directores de las empresas del capitalismo estatal, los catedráticos y demás profesores de universidad, los jueces, los directores de prisiones, pero también los políticos, los directores de las agencias mediáticas, los intelectuales, las casas reales allí donde las hay, así como los dirigentes sindicales, los líderes religiosos, etc. En la práctica el Capital está integrado, ya sea directa o indirectamente, en las estructuras de poder del Estado del que depende en todo lo esencial al estar sometido a su legislación que lo regula y supervisa. El Estado es, en suma, la organización decisiva que estructura al conjunto de la sociedad y la somete a su autoridad e intereses, mientras que el Capital constituye una parte de esta organización encargada de proveer los medios económicos y financieros precisos para el mantenimiento del Estado y el logro de sus objetivos.
Pero lo verdaderamente preocupante es que los medios del radicalismo político hayan asumido de un modo tan acrítico una posición ideológica, y sobre todo unos axiomas, que pertenecen a la burguesía y a la reacción socialdemócrata, lo que hace que estas fuerzas estén presas antes de comenzar la lucha al pertenecer al campo ideológico del otro, y que por ello mismo estén derrotadas ideológicamente. Si se implantan mentalmente los axiomas ideológicos del enemigo contra el que se quiere combatir ya se está derrotado de antemano, y ese axioma es la imagen distorsionada de un sistema autoritario en el que el Capital es el que manda de un modo todopoderoso, y donde empresarios y banqueros dan las directrices que los aparatos del poder estatal acatan sin rechistar.
La conformación de unas verdaderas fuerzas antisistémicas populares únicamente puede llevarse a término si se desecha la visión del mundo del enemigo, pues su asunción conduce irremediablemente no sólo a incoherencias políticas e ideológicas sino sobre todo a la derrota, y por ello a apuntalar los mitos que sostienen un sistema existencialmente opresivo y regresivo. Cuando esto ocurre la acción no es libre sino que es dirigida por esos mitos, esos axiomas que fueron asumidos sin haber sido sometidos a un análisis y a una reflexión previas, lo que aboca al fracaso y finalmente a la frustración de quien comprueba en la práctica que su acción no debilita ni contribuye a la destrucción de una realidad que niega la libertad y la vida, sino que la conserva y refuerza bajo renovadas formas al ser fuente de constantes réditos políticos para las fuerzas sistémicas. Hoy más que nunca es necesario identificar al Estado como el primer y principal enemigo de la sociedad en torno al que deben converger todos los esfuerzos humanos para su entera destrucción.
Esteban Vidal
Notas
[1] Hohenberg, Paul y Lynn Hollen Lees, The Making of Urban Europe, 1000-1850, Cambridge, Harvard University Press, 1985
[2] Bosher, John F., French Finances, 1790-1795, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p. 305
[3] La guerra, y especialmente las sucesivas carreras de armamentos y revoluciones militares que encarecían la preparación y realización de las grandes campañas bélicas, facilitó la aparición de la gran burocracia estatal que extendió su control directo sobre una creciente cantidad de ámbitos. Sobre esto vale la pena destacar a dos autores fundamentales para comprender la gran tendencia histórica, social, política y tecnológica que guió este proceso marcado por la guerra como principal empresa del Estado: Roberts, Michael, “The Military Revolution, 1560-1660” en Rogers, Clifford J. (ed.), The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Boulder, Westview Press, 1995, pp. 13-36. Tilly, Charles, Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, Alianza, 1992
[4] Hintze, Otto, “Economía y política en la época del capitalismo moderno” en Hintze, Otto, Historia de las formas políticas, Madrid, Revista de Occidente, 1968, pp. 263-292. Resulta reseñable la polémica mantenida entre Otto Hintze y Werner Sombart en torno a la cuestión de la formación y desarrollo del capitalismo, pues Sombart, a diferencia de Hintze, sostenía la tesis economicista de que el capitalismo es un sistema autogenerado en el proceso histórico de desarrollo social en el que el Estado no interviene. Esto puede comprobarse a lo largo de toda la obra de Sombart en la que se percibe la ausencia del Estado a la hora de analizar el capitalismo. Asimismo, hay que apuntar que Sombart fue durante un tiempo, a finales del s. XIX, una referencia intelectual de prestigio en el campo del marxismo hasta el punto de que Engels llegó a afirmar que era el único profesor alemán que había entendido El Capital de Marx.
[5] Vale la pena hacer referencia a un texto de Huntington en el que pone de relieve la importancia de la institucionalización de las organizaciones, y sobre todo los efectos de este proceso a largo plazo en la medida en que cada institución busca su propio bienestar y supervivencia a largo plazo. Huntington, Samuel P., Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University Press, 1968, pp. 24-25
[6] Mcneill, William, La búsqueda del poder. Tecnología, fuerzas armadas y sociedad desde el 1000 D.C., Madrid, Siglo XXI, 1988
[7] Clastres, Pierre, La sociedad contra el Estado, Barcelona, Monte Avila Editores, 1978, p. 173
[8] Sobre esta cuestión ya hemos hablado ampliamente con anterioridad. http://www.portaloaca.com/articulos/anticapitalismo/7526-las-falacias-de-la-globalizacion.html
[9] Marx, Karl y Friedrich Engels, El Manifiesto Comunista, Madrid, Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels, 1996, p. 41
[10] Rocker, Rudolf, Anarcosindicalismo (teoría y práctica), Barcelona, Ediciones Picazo, 1978
[11] En el caso español existe la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, dependiente del Ministerio de Economía español, que se ocupa de dar apoyo financiero a proyectos privados españoles en países emergentes donde el Estado español tiene algún interés. Esta labor se ve complementada por otros organismos estatales como el Instituto de Comercio Exterior o el propio Instituto de Crédito Oficial. Equipo Análisis del Estado, Diagrama sobre el Estado español, Madrid, Potlatch, 2014, p. 34
[12] Gramsci, Antonio, Escritos políticos (1917-1933), México, Siglo XXI, 1981, p. 95
[13] Marx, Carlos, La guerra civil en Francia, Madrid, Fundación Federico Engels, 2007
[14] Lenin, Vladimir I., El Estado y la Revolución, Barcelona, DeBarris, 2000
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Fuente: http://emboscado.blog.com/

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