lunes, 30 de octubre de 2017

Una reflexión sobre el proceso independentista.


El proceso independentista está fortaleciendo el aparato partitocrático y el Estado en general en detrimento de los movimientos de base. Parece que no pueda haber ningún cambio social ya sea de índole cuantitativa o cualitativa sin que tenga que pasar por las instituciones.

La capacidad de acción de la sociedad está condicionada en la inmensa mayoría de las ocasiones por factores que determinan su situación (de arriba a abajo) como puedan ser conflictos que deriven en estallidos violentos provocados por la miseria material y guerras propiciadas por la acumulación de poder y riqueza.

En este plano la guerra es indispensable para el cambio, no puede haber cambio sin que antes haya habido guerra. Sólo en casos excepcionales los individuos reaccionan de forma más o menos coherente. La falta de estímulos parece bloquear la capacidad organizativa y se resuelve en una querella interpersonal de opiniones más o menos acertadas que diluyen el propósito incial en el que se iba a plantear el tema para modificar las normas y establecer un nuevo modelo de relación social.

El poder del Estado resuelve los conflictos a cambio de cierta "paz" social que determinan la vida de los súbditos. Cuando se debilita el Estado por su lógica destructora y nociva que son inherentes al mismo, los individuos pueden establecer nuevas relaciones que no dependan ya de las instituciones, de manera que puedan crear un nuevo sistema que no dependa de ningún poder centralizador que los fagocite de forma sistemática.

La libertad es una cuestión de conciencia y no de seguridad material o/y espiritual.

El Estado es sólo un síntoma más del miedo a ser libres.

jueves, 26 de octubre de 2017

Sobre el lenguaje.

La perversión que hacemos del lenguaje pasa desapercibida mientras se acepta el sistema de dominación. El lenguaje es el primer indicativo de lo perniciosa que es la sociedad. El dominio se ejerce desde la cultura pasando por la tradición y las costumbres. En esta coyuntura la tradición es una traición. No hay posibilidad de vislumbrar otra forma de convivencia cuando las relaciones de poder se normalizan e institucionializan. Todo dominio pasa en primera instancia por la persuasión psicológica. El lenguaje se transforma en herramienta de manipulación. El lenguaje adquiere facultades mágicas en el arte de la oratoria y escrito. 
La persuasión para convencer a través del lenguaje viene dada por su capacidad de comprensión y asimilación para inocular ideas que han sido previamente estudidas estableciendo formas ambigüas de interpretación pero a la vez claras sobre lo que se quiere transmitir.
La posesión de la verdad vendrá determinada por lo penetrante que haya sido la explicación de un hecho concreto a través del lenguaje. El uso y el juego que se hace con las palabras condicionarán y estimularán la veracidad de un hecho.

martes, 24 de octubre de 2017

Colaboracionismo y Contrarrevolución en la Cataluña del Procés - Esteban Vidal



Anarcoestatismo a la catalana y lucha de clases.

"La confusión reinante en relación a lo que ocurre hoy en Cataluña no es casual. Ya dice el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores. En este sentido lo que actualmente sucede en Cataluña no es una excepción a tenor de los últimos acontecimientos. Por esta razón es preciso señalar la existencia de dos niveles de análisis de la realidad para una mejor comprensión de los hechos que acontecen en Cataluña.
En primer lugar nos encontramos con el marco general en el que se inserta la opinión pública, y que está definido por el enfrentamiento entre las elites de Madrid y Barcelona. Este conflicto puede resumirse como una lucha entre diferentes legalidades. La legalidad del Estado español que pretende conservar su control sobre el territorio y la población de Cataluña, y por otro lado la legalidad que trata de imponer la Generalitat sobre Cataluña para constituirse en un Estado independiente. En el marco de este rifirrafe se inscribe todo el conflicto y debate que hoy se desenvuelve en torno a Cataluña, y del que el referéndum del pasado 1 de octubre únicamente constituye un instrumento de los políticos nacionalistas para legitimar la construcción de un Estado propio. A los líderes nacionalistas nunca les ha interesado el derecho a decidir, salvo que este consista en ratificar su voluntad y consecuentemente su programa político. De hecho es bastante clarificador comprobar que la pregunta formulada en el referéndum girase en torno a la creación de un Estado catalán o, en su caso, la permanencia de Cataluña dentro del Estado español. Así pues, los acontecimientos se han desenvuelto en este marco político e ideológico establecido por las instituciones oficiales del sistema de dominación.
La lógica del conflicto en Cataluña se desarrolla, entonces, entre el Estado central y la Generalitat, el nacionalismo español y el nacionalismo catalán, el españolismo y el catalanismo, la burguesía española y la burguesía catalana. Se trata de una lógica del poder que ha dirigido la escalada de la confrontación a la que diferentes sectores de la población han sido arrastrados. Si el Estado español ha empleado la represión para imponerse y tratar de asegurar con ello el cumplimiento de su legalidad, los políticos de la Generalitat no han sido menos y han utilizado sus recursos institucionales (Mossos, sistema educativo, burocracia, medios de comunicación, etc.) y monetarios para movilizar a la sociedad y hacer valer así sus intereses. Asimismo, el nacionalismo español no ha dudado en movilizar a su correspondiente base social tanto en Cataluña como en el resto del Estado español para legitimarse y crear más presión sobre la elite nacionalista catalana. Es, por tanto, un conflicto de carácter nacional en el que el nacionalismo, a partir de los hechos diferenciales en el terreno identitario, es empleado para politizar y movilizar a la población y lograr su adhesión a alguna facción de la elite dirigente. Como resultado de todo esto el espacio público, político, ideológico, cultural y social se divide entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán, lo que permite la colaboración entre clases y la supeditación de los sectores más populares a los intereses de cada facción de la elite dominante.
Pero existe otro nivel de análisis la realidad que subyace a todo lo antes descrito y que es el que ataña a lo que ocurre entre bastidores. Si la representación del conflicto es hecha en términos nacionales es porque obedece a una intencionalidad política que hay detrás de todo ello, y que en última instancia responde a la necesidad de forzar una redistribución del poder institucional. El procés y el referéndum han servido al claro propósito de forzar la creación de una situación de excepcionalidad política que permita arrancar al Estado español una serie de concesiones a través de la reforma constitucional y estatutaria. Es aquí donde cobra sentido la apertura del correspondiente debate político para reformar la constitución con el propósito de mantener a Cataluña dentro del marco político de un Estado español de carácter federal. De un proceso de reforma como este sólo cabe esperar un reforzamiento del poder del Estado español, y sobre todo un aumento del poder de sus delegados en la periferia como es la elite política catalana. Inevitablemente todo esto implica, a su vez, un aumento de los recursos económicos de la autoridad regional, de lo que se deduce rápidamente que en toda esta serie de desencuentros políticos calculados están en juego sustanciosas cantidades de dinero, pero también de cargos en la burocracia autonómica, de privilegios, sinecuras y prebendas como, por ejemplo, en las empresas a cargo de la Generalitat o en aquellas otras que dependen de sus contratos y subvenciones. Así, puede entenderse que en determinados sectores políticos, encuadrados sobre todo en el nacionalismo catalán y en aquellos que se encuentran en la órbita del soberanismo, ligados tanto a organizaciones partidistas como de carácter social y movimentista, estén tan implicados e interesados en el desarrollo del procés como para haber puesto en marcha una movilización social en Cataluña que no se veía desde 2011.
Si el impulso principal del procés y de todo cuanto ha girado en torno al referéndum ha venido de las instituciones oficiales en Cataluña, y más concretamente de la Generalitat, su ejecución ha contado con la casi imprescindible colaboración de diferentes actores sociales, políticos y sindicales que han operado como correa de transmisión para movilizar a una parte considerable de la población. No se trata de un apoyo desinteresado, sino que existe un gran interés en recoger los correspondientes frutos derivados de una gran movilización popular que, todo hay que decirlo, ha destacado por un elevado grado de organización, coordinación y eficacia a la hora de ofrecer resistencia a las autoridades enviadas desde Madrid para abortar las iniciativas de los políticos catalanes. El nacionalismo catalán se ha dotado así de una importante base social que el 1 de octubre hizo de parachoques de la elite catalana al ser la que recibió los embates de la represión ejercida por la fuerza armada del Estado español. Quienes participaron en esta movilización fueron utilizados de un modo completamente descarado por la casta de mercenarios políticos apoltronados en la Generalitat, quienes no dudaron en alimentar una serie de esperanzas que ellos mismos se encargaron de destruir el 10 de octubre y que tuvieron como consecuencia la decepción y el descrédito. Sin embargo, hay que destacar que la movilización popular puesta en marcha por diferentes actores ubicados en los movimientos sociales, el sindicalismo y la política, se inscribió en el marco antes descrito y que bajo el pretexto del derecho a decidir buscaba la construcción del Estado catalán. La fundación de una república catalana, de carácter capitalista, burgués, estatista, partitocrática, europeísta, etc., o la permanencia de Cataluña en el Estado español son las únicas opciones posibles presentadas a los catalanes. Las alternativas giran, por tanto, en torno a un estatismo catalán y un estatismo español, de manera que a los catalanes únicamente se les pretende brindar la oportunidad de elegir el color y el propietario de las cadenas de su esclavitud.
La elite política catalana, sabedora de la inviabilidad de fundar un Estado catalán independiente, atizó el nacionalismo como instrumento de movilización para generar la presión social necesaria con la que desencadenar una crisis política e institucional en el seno del Estado español y, de este modo, forzar algún tipo de proceso de reforma del que obtener las consecuentes concesiones. Estas concesiones en la forma de considerables sumas de dinero constituyen una importante motivación que los actores involucrados en la movilización social anhelan conseguir en un futuro próximo. Así se entiende el colaboracionismo no ya sólo de sectores abiertamente nacionalistas, sino también de aquellos otros que históricamente han pertenecido a la disidencia política cuyo eje de coordenadas ideológico natural se ubica en el terreno de la lucha de clases, de las aspiraciones emancipadoras y transformadoras. Sin embargo, la conversión del independentismo, el nacionalismo, el referéndum y, en definitiva, el soberanismo, en una moda en Cataluña ha hecho que los sectores pertenecientes a la disidencia política se hayan subido al carro del procés para integrarse de manera ordenada en el sistema y recoger las debidas prebendas que, más pronto que tarde, serán repartidas entre los participantes en función de sus correspondientes méritos al servicio de la causa nacionalista.
Entre los colaboracionistas encontramos a un sector considerable del movimiento libertario. Desde un punto de vista ideológico no deja de ser llamativa esta participación, lo que hace necesario buscar las razones reales que se encuentran detrás. Aunque no han sido pocas las voces críticas con esta postura lo cierto es que este tipo de fenómenos tampoco constituyen una novedad, sobre todo si tenemos en cuenta que fueron bastantes las ocasiones del pasado en las que una parte del entorno libertario se prestó a colaborar con ciertos elementos de la clase política, e incluso con las autoridades. Por este motivo es importante buscar las razones de fondo que explican esta actitud y contrastarlas con aquellas explicaciones justificadoras utilizadas por quienes se involucran en este tipo de procesos políticos y sociales.
Si hay algo verdaderamente peculiar en el entorno libertario es esa extraña propensión a apuntarse al jaleo allí donde lo hay. Esto suele justificarse bajo el pretexto de que es necesario estar en las denominadas luchas populares para tratar de radicalizarlas y conseguir de este modo dotarlas de un carácter revolucionario. En el fondo esto no deja de ser la expresión de una vieja táctica empleada por los marxistas y que no es otra que el entrismo. Con ello se busca parasitar las movilizaciones sociales organizadas por otros para extraer los consecuentes réditos tanto sociales, como políticos y económicos. Lo que se busca en estas ocasiones no es la consecución de un cambio en un sentido emancipador, pues es de sobra sabido que el reivindicacionismo de las luchas parciales sólo logra en el mejor de los casos meras reformas del orden constituido en la forma de concesiones, de migajas que son dispensadas por el poder a las elites subalternas que encabezan las protestas. En este contexto es en el que se inscribe esa propensión de algunos sectores ácratas a participar en las trifulcas políticas que se tercien. Pero en el fondo únicamente persiguen mantener y reproducir sus organizaciones, crecer a expensas de las movilizaciones, de tal manera que la agitación social es el río revuelto en el que lanzan sus redes para pescar en medio de la confusión. Todo esto en el marco del procés deja bien clara la existencia de un anarquismo que opera de manera reactiva, que crece y se desarrolla al amparo del poder establecido así como de sus iniciativas. Un anarquismo integrado por quienes hoy aspiran a recoger los frutos de su participación en un fenómeno político y social encaminado formalmente a la construcción de un Estado catalán independiente. Un anarquismo cuyas organizaciones e integrantes persiguen las dádivas de las instituciones en la forma de prebendas de todo tipo, y que sólo demuestra que en el fondo de estas maniobras se encuentra la intención de integrarse de forma ordenada en el sistema establecido.
No sin razón Errico Malatesta señaló en su momento el sinsentido de que los anarquistas apoyasen a aquellos que aspiran a alzarse con el poder. Esta afirmación sigue siendo válida en lo que respecta a los libertarios que de manera entusiasta se han sumado al procés. La agitación social que ha acompañado al procés no es otra cosa que las burbujas que emergen en la superficie de un fenómeno que constituye en esencia una lucha de las elites por una redistribución del poder, y en el que determinados sectores sociales sólo son instrumentos al servicio de los intereses de dichas elites. Así, la denominada construcción nacional con la creación de un Estado catalán está en las antípodas de cualquier aspiración de carácter emancipador. El colaboracionismo demuestra ser una gran inconsecuencia cuya justificación suele ser respaldada con la reivindicación del referéndum como expresión del derecho a decidir. Sobre esto ya se ha dicho bastante en otra parte, pero cabe recordar que un pueblo no tiene la posibilidad de decidir su futuro en el marco político del Estado, y un Estado catalán tampoco va a resolver nada de esto. Por el contrario el referéndum únicamente ha sido un instrumento de legitimación de la elite catalana y de su proyecto político. Aunque formalmente se afirma que se aspira a la creación de un Estado catalán, lo que es completamente inviable, lo que realmente se persigue es algo mucho más factible como es conseguir nuevas concesiones del Estado español.
Los libertarios favorables a la participación en el procés aducen que la única alternativa es quedarse en casa y no luchar. Esto constituye un grave error porque demuestra impotencia para organizar un espacio de lucha propio en la sociedad, pero también manifiesta un carácter reactivo al depender de las iniciativas ajenas. A esto hay que sumar que participar en el procés significa involucrarse en un conflicto cuyo eje central es la denominada lucha nacional y no la lucha de clases, con lo que en la práctica supone afianzar la dinámica de colaboración entre clases que hoy se ha implantado en Cataluña. En el marco social, político e ideológico del procés no hay ninguna posibilidad para que la protesta popular, definida en términos puramente nacionales, adopte un carácter revolucionario y emancipador porque está dirigida, al menos formalmente, a construir un Estado catalán y no a poner fin a la sociedad de clases. Quienes controlan este proceso son no sólo las instituciones oficiales, sino sobre todo sus colaboradores en los movimientos populares a través de una red de organizaciones y colectivos, tanto políticos como sociales y económicos, que orbitan en torno a la Generalitat, y de la que de un modo u otro comen. Por esta razón, cuando se elige participar en un espacio político, social e ideológico que no es el propio, y que por el contrario constituye un territorio que pertenece al enemigo, ya se está preso antes de luchar y la batalla está perdida de antemano. Es materialmente e ideológicamente imposible desvincular el procés de su finalidad política nacionalista dirigida a reforzar el poder de las elites catalanas, y eventualmente construir un Estado catalán propio que cada día que pasa es cada vez más lejano e imposible.
Como consecuencia de la asunción de las premisas políticas e ideológicas del nacionalismo que equiparan la autodeterminación con el referéndum, las votaciones y en última instancia la construcción de un Estado catalán, vemos cómo algunos sectores libertarios no han dudado en reivindicar uno de los mayores símbolos de la esclavitud de nuestra época actual como son las urnas electorales. Del abstencionismo y de consignas como la de “no nos representan” se ha pasado a defender las votaciones bajo la fórmula fraudulenta del derecho a decidir. Pero lo cierto es que un pueblo únicamente consigue disponer de la capacidad decisoria para determinar su futuro cuando el Estado ha sido destruido, y no cuando se desarrolla un proceso electoral dirigido a ratificar la voluntad de las elites para construir un nuevo Estado, y consecuentemente una nueva máquina de opresión dirigida a conservar y reproducir las jerarquías de la sociedad de clases. El colaboracionismo se traduce, entonces, en contrarrevolución que es ejecutada de un modo más o menos consciente por los principales responsables de las organizaciones libertarias implicadas en el procés, todo ello con la esperanza de conseguir los consecuentes recompensas por los servicios prestados. Pero igualmente esta colaboración es desarrollada, muchas veces de un modo inconsciente, por ese rebaño de activistas alienados que hace tiempo delegaron en otros cualquier labor reflexiva.
Un claro ejemplo de todo lo dicho lo representa la convocatoria de huelga del 3 de octubre bajo el pretexto de protestar contra la represión. Una represión, que al menos en el momento en el que la huelga fue convocada, era llevada a cabo contra algunos altos funcionarios de la Generalitat y no contra el conjunto de la sociedad catalana. Sin embargo, se cerraron filas en torno a los políticos catalanes y el relato antirrepresivo no tardó en vincularse desde el primer momento a la celebración del referéndum, en tanto en cuanto la represión fue presentada como una vulneración de los derechos y libertades ciudadanas. Una vez más nos encontramos con que sectores pretendidamente disidentes, e incluso revolucionarios, asumen la ideología ciudadanista y terminan defendiendo los principales instrumentos de opresión política de los que dispone el sistema de dominación, tal y como ocurre con los procesos electorales. En este sentido el procés ha dado lugar a bastantes paradojas como que ciertos anarquistas defiendan las urnas electorales y con ello apoyen el estatismo, sea a través de la permanencia de Cataluña en el Estado español o de la construcción de un Estado catalán. En último término este sector libertario no ha hecho sino asumir como propia toda la mitología nacionalista que ha sido construida en torno al referéndum.
Asimismo, es interesante constatar que la huelga política convocada para el 3 de octubre rápidamente consiguió el apoyo y patrocinio de las máximas autoridades en Cataluña, además del apoyo y la participación de una facción significativa de la patronal catalana y otros elementos destacados del establishment como, por ejemplo, los partidos políticos. Tal es así que la mencionada huelga no tardó en convertirse en un paro nacional con todo lo que ello conlleva en el terreno político y simbólico. De este modo comprobamos una vez más que la denominada disidencia social y política tiene poco de disidente cuando sus principales exponentes se suben al carro de las iniciativas impulsadas desde el poder, lo que demuestra su oportunismo con el que tratan de reproducir sus organizaciones al parasitar este tipo de procesos sociales y políticos, además de intentar granjearse toda clase de prebendas y privilegios en los estamentos de la burocracia estatal y política.
De todo lo anterior podemos concluir que ese anarquismo de Estado, toda esa farándula libertaria que se presta a la colaboración entre clases, que sirve de apoyo para la clase política y sus proyectos de creación de un Estado catalán, y que vive de las subvenciones, los privilegios y el mercadeo de prebendas de todo tipo con la administración, no es otra cosa que la expresión de una disidencia controlada y dirigida por el poder, que desempeña el papel de remolque o furgón de cola en las movilizaciones desencadenadas por las instituciones. Si la naturaleza del procés, tal y como fue indicado en otra parte, es la revalorización de la clase política catalana y sus instituciones oficiales, la participación en semejante espectáculo constituye una forma de afianzar la contrarrevolución en curso. El procés ha servido para impedir cualquier tipo de movilización autónoma de la sociedad en Cataluña dirigida a subvertir el orden establecido, destruir las instituciones, la propiedad privada y las estructuras de poder que sostienen al Estado en aquella región. La lucha de clases ha sido sustituida por la lucha nacional en la que opresores y oprimidos se dan la mano, lo que ha servido para dirigir la protesta social hacia el callejón sin salida del nacionalismo y el estatismo, y que en última instancia significa el mantenimiento y reproducción de la actual sociedad de clases.
El procés mismo forma parte de la estrategia contrarrevolucionaria puesta en marcha por la elite dirigente catalana después de verle las orejas al lobo en 2011 cuando la población rodeó el parlamento, hasta el punto de que Artur Mas, así como otros colaboradores suyos, tuvo que entrar en helicóptero como Batman. Una estrategia que, a tenor de los más recientes acontecimientos, les ha funcionado de maravilla con la innegable colaboración de algunos elementos vinculados al activismo, los movimientos sociales y la disidencia política. Hoy Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Anna Gabriel y tantos otros, son los héroes nacionales de Cataluña junto a las instituciones autonómicas como el parlament, los Mossos, etc. La represión del Estado español ha contribuido a reforzar esa imagen de héroes y mártires que han logrado construirse, pues el victimismo, un rasgo inherente a todas las ideologías totalitarias y que de forma especial se da en los nacionalismos, es la principal herramienta para la movilización social y la presión política para, así, legitimar las aspiraciones de la clase política catalana.
El sentimiento de nación agraviada siempre ha sido muy funcional para las elites dominantes de todas partes. El fascismo surgió de ese sentimiento generalizado en las poblaciones de Italia y Alemania. Este victimismo ha demostrado ser muy útil políticamente al servir para elaborar un relato que presenta un conflicto nacional entre buenos y malos, y en el que los referéndums sólo son un elemento legitimador para reforzar la posición de poder de las elites, pero también un mecanismo con el que buscar la unanimidad a nivel interior en contraposición al enemigo exterior. La ley de las mayorías, la ley del número que socava toda individualidad, impone una dinámica totalitaria en la que el hecho diferencial en el terreno de la identidad constituye la línea divisoria que enfrenta a un nosotros frente a un ellos que niega esa misma identidad. En última instancia el nacionalismo catalán ha logrado llevarlo todo hasta el extremo de vincular el derecho a decidir con la construcción de un Estado independiente, lo que ha servido para trazar una línea divisoria perfectamente clara entre quienes están a favor de ese proyecto político y quienes lo rechazan. Todo se resume a la consigna de “estás conmigo o estás contra mí”. Como consecuencia de esto quienes no comulgan con ruedas de molino son rápidamente metidos en el mismo saco del españolismo y sus representantes políticos.
Hoy vemos cómo una mascarada que algunos se atreven a llamar revolución sirve para subvertir cualquier posibilidad emancipadora y transformadora en el terreno social, hasta el punto de que la movilización de la población ha significado su alineamiento con el nacionalismo catalán o el español así como con sus respectivas elites de referencia. Desafortunadamente la mentalidad democraticista parece haberse impuesto en algunos sectores del radicalismo político, hasta el punto de que parece que los millones de personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre no pueden estar equivocadas. Pero lo cierto es que la libertad no sale de las urnas, y que esta no es posible en el marco político de un Estado, sea español o catalán. Por este motivo se hace necesario que ante esta dinámica contrarrevolucionaria los sectores más conscientes de la disidencia política, tanto en Cataluña como en el resto del Estado español, desarrollen su propio espacio de lucha en un marco más amplio que el de sus particulares enfrentamientos contra el poder. Inevitablemente esto significa poner en marcha una lucha ideológica dirigida a romper la colaboración entre clases que hoy ha impuesto el nacionalismo, tanto español como catalán, y de esta forma extender entre la población la oposición al sistema de dominación vigente. Se trata de recuperar la lucha de clases como eje central del conflicto social, lo que inevitablemente conlleva dar la espalda a las instituciones y enfrentarse a ellas al mismo tiempo.
Todo parece indicar que los acontecimientos que hoy se desenvuelven en Cataluña van a servir para provocar una crisis política e institucional que fuerce la reforma del orden constituido, y consecuentemente que facilite el reforzamiento del sistema de dominación. Ante esta coyuntura histórica se hace preciso reformular la lucha en unos términos ideológicos y estratégicos antagónicos a la lógica y a la dinámica del poder. Esto implica la conformación de un único frente de batalla contra el sistema de dominación en el que existan diferentes trincheras desde las que desarrollar esa lucha común, hasta el punto de generar un espacio de lucha propio dirigido a destruir el Estado y su sociedad de clases. Así pues, desde diferentes ámbitos se impone la necesidad de orientar la lucha en ese sentido revolucionario y emancipador, lo que constituye una actitud que hoy fácilmente puede ser resumida en la vieja consigna de paz entre pueblos y guerra entre clases."

                                                                                                                    Esteban Vidal

Ni Estado, ni nación, ni derecho a la autodeterminación - Agustín Guillamón

La naturaleza corrupta del Estado ordena el caos social. El orden sólo puede estar legitimado por las leyes que emanan de las instituciones del Estado, por lo tanto éste es creador de orden. No puede haber orden sin Estado. El Estado se sacraliza y se funde con el cuerpo social formando el país. El Estado-nación adquiere poderes absolutos. La sociedad se vuelve totalitaria. No hay contradicción ya entre sociedad y Estado.
Toda teoría es gris y sólo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida
 Goethe
1. La teoría
1.1. El Estado es la ORGANIZACIÓN del dominio político, de la coacción permanente y de la explotación económica del proletariado por el capital.
El moderno y actual concepto de Estado surge con la aparición histórica del sistema de producción capitalista. Es la organización política adecuada al capitalismo. La proyección de este concepto a las antiguas civilizaciones es una anacronismo infértil y confuso.
En la sociedad feudal la soberanía era entendida como una relación jerárquica entre una pluralidad de poderes. El poder del Rey se fundamentaba en la fidelidad de otros poderes señoriales y los poderes del Rey eran venales, esto, es, podían venderse o cederse a la nobleza: la administración de la justicia, el reclutamiento del ejército, la recaudación de los impuestos, los obispados, etcétera, podían ser vendidos al mejor postor o adjudicados en una compleja red de favores y privilegios. La soberanía residía en una pluralidad de poderes, que podían subordinarse o competir entre sí.
El Estado, en la sociedad capitalista, convierte la soberanía en un monopolio: el Estado es el único poder político del país. El Estado detenta el monopolio del poder político, y en consecuencia pretende el monopolio de la violencia, la definición de legalidad y la administración de la justicia. Cualquier desafío a ese monopolio de la violencia se considera como delincuencia, y atenta contra las leyes y el orden capitalistas, y por lo tanto es perseguido, castigado y aniquilado.
En la sociedad feudal las relaciones sociales estaban basadas en la dependencia personal y el privilegio. En la sociedad capitalista las relaciones sociales sólo pueden darse entre individuos jurídicamente libres e iguales. Esta libertad e igualdad jurídicas (que no de propiedad) son indispensables para la formación y existencia de un proletariado que provea de mano de obra barata a los nuevos empresarios fabriles. El obrero ha de ser libre, también libre de toda propiedad, para poder estar disponible y preparado para alquilarse por un salario al amo de la fábrica. Ha de ser libre y carecer de toda dependencia de la tierra que labraba, y de todo sustento o propiedad, para ser expulsado por el hambre, la pauperización y la miseria hacia las nuevas concentraciones industriales donde pueda vender la única mercancía que posee: sus brazos, esto es, su fuerza de trabajo.
A estas nuevas relaciones sociales, propias del capitalismo, les corresponde una nueva organización política, distinta de la feudal: un Estado que monopoliza todas las relaciones políticas. En el capitalismo todos los individuos son libres e iguales (jurídicamente) y nadie guarda ninguna dependencia política respecto al antiguo señor feudal o al nuevo amo de la fábrica. Todas las relaciones políticas son monopolizadas por el Estado.
En los modos de producción precapitalistas las relaciones de producción eran también relaciones de dominación. El esclavo era propiedad de su amo, el siervo estaba ligado a la tierra que trabajaba o dependía de un señor. Esa dependencia ha desaparecido en el capitalismo. El Estado es pues producto de las relaciones de producción capitalistas. El Estado es la forma de organización específica del poder político en las sociedades capitalistas. Existe una separación radical entre la esfera económica, la social y la política.
El Estado monopoliza el poder, la violencia y las relaciones políticas entre los individuos en las sociedades en las que le modo de producción capitalista es el dominante. A diferencia de lo que sucedía con las instituciones políticas precapitalistas, el Estado NO ES UNA RELACION DE PRODUCCION. En el sistema de producción capitalista el capital no es sólo el dinero, o las fábricas, o las maquinarias, el capital es también una relación social de producción, y precisamente la que se da entre los proletarios, vendedores de su fuerza de trabajo por un salario, y los capitalistas, compradores de la mercancía “fuerza de trabajo”. El Estado debe garantizar el mantenimiento y reproducción de las condiciones que posibilitan la existencia de esas relaciones sociales de producción, esto es, la compra-venta de la mercancía fuerza de trabajo.
El Estado ha surgido recientemente, hace unos quinientos años, y desaparecerá con las relaciones de producción capitalistas. El Estado pues no es eterno, ha tenido un origen muy reciente y tendrá un fin, más o menos cercano.
La teoría política del Estado nació en la Inglaterra del siglo XVII, paralelamente a ese proceso histórico conocido como la Revolución Industrial, con Hobbes.
Hobbes no es sólo el primer teórico, desde el punto de vista cronológico, sino que toda la problemática actual sobre el Estado está ya en Hobbes (y en Locke).
Desde Platón hasta Maquiavelo la teoría política preestatal caracteriza el poder político y la comunidad como algo NATURAL, e identifica comunidad civil y comunidad política. Desde Hobbes la teoría política estatal define el Estado como un ente ARTIFICIAL, separa los conceptos de comunidad civil (sociedad civil) y comunidad política (Estado) y plantea la cuestión de la reproducción del poder político.
El Estado surge desde una contradicción, que le da origen y razón de ser, entre la defensa teórica del bien común o general y la defensa práctica del interés de una minoría. La contradicción existente entre la ilusión de defender el interés general y la defensa real de los intereses de clase de la burguesía. La razón de ser del Estado no es otra que garantizar la reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas. El Estado, por esta misma razón, es incapaz de superar la contradicción existente entre la defensa del interés general (e histórico) de la sociedad (y de la especie humana), que en teoría afirma defender, y los intereses inmediatos del capital y su reproducción, que en la práctica son su objetivo prioritario y exclusivo. El Estado no puede confesar su incapacidad para enfrentarse a los intereses inmediatos de reproducción del capital, ni su permanente necesidad de impulsar el ciclo de valorización, que supone agotar los recursos naturales, contaminar el planeta hasta niveles suicidas, hipotecar el porvenir de las futuras generaciones y poner en peligro la continuidad de la especie humana.
Sin embargo, el Estado, cosificado en sus instituciones, es la máscara de la sociedad, con aparienciade una fuerza externa movida por una racionalidad superior, que encarna un orden justo al que sirve como árbitro neutral. Esta fetichización del Estado PERMITE que las relaciones sociales de producción capitalistas aparezcan como meras relaciones económicas, no coactivas, al mismo tiempo que DESAPARECE el carácter opresivo de las instituciones estatales. En el mercado, trabajador y empresario aparecen como individuos libres, que realizan un intercambio “puramente” económico: el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En ese intercambio libre, “sólo” económico, ha desaparecido toda coacción, y el Estado no ha intervenido para nada: no está, ha desaparecido.
La escisión entre lo público y lo privado es una condición necesaria de las relaciones de producción capitalistas, porque sólo así APARECEN como acuerdos libres entre individuos jurídicamente libres e iguales, en las que la violencia, monopolizada por el Estado, ha desaparecido de escena. De todo esto resulta una CONTRADICCION entre el Estado COMO FETICHE, que debe ocultar su monopolio de la violencia, y la coacción permanentemente ejercida sobre el proletariado para garantizar las relaciones de producción capitalistas, esto es, de mantenimiento de las condiciones de explotación del proletariado por el capital; y el Estado COMO ORGANIZADOR DEL CONSENSO social y de la legalidad, que convoca elecciones libres, permite partidos y asociaciones obreras, legisla conquistas laborales como la asistencia sanitaria, pensiones, horarios, etcétera.
En caso de crisis el Estado capitalista desvela inmediatamente que es antes Estado capitalista que Estado nacional, de pueblos o ciudadanos. El componente coactivo del Estado, ligado a la dominación de clase, es la ESENCIA FUNDAMENTAL de éste, que aparece diáfana cuando consenso social y legitimación estatal son sacrificados en el altar de la sumisión del proletariado a la explotación del capital.
El Estado surge de esa relación contradictoria. Pretende a ocultar su papel represor, como garante de la dominación de clase mediante el monopolio de la violencia, al tiempo que quiere aparecer como organizador del consenso de la sociedad civil, que a su vez legitima al Estado como árbitro neutral. Con esto el Estado fortalece además su dominio ideológico y consigue un dominio más completo y encubierto de la sociedad civil. El Estado, por supuesto, criminaliza toda violencia política (revolucionaria o no) que escape a su monopolio.
Las instituciones fundamentales del Estado son el ejército permanente y la burocracia. Las tareas del ejército son la defensa de las fronteras territoriales frente a otros Estados, las conquistas imperialistas, para ampliar los mercados y acaparar materias primas, y sobre todo la garantía última del orden establecido frente a la subversión obrera y las insurrecciones proletarias. Las tareas de la burocracia son la administración de todas aquellas funciones que la burguesía delega en el Estado: educación, policía, salud pública, prisiones, correo, ferrocarriles, carreteras… El funcionario del Estado, desde el maestro de escuela al catedrático, del policía al ministro, del cartero al médico desempeñan funciones necesarias para la buena marcha de los negocios de la burguesía, mientras no sean un buen negocio para ésta, en cuyo caso se privatizan.
Por todas estas razones, definimos al Estado como la ORGANIZACIÓN del dominio político, de la coacción permanente y de la explotación económica del proletariado por el capital.
El Estado no es pues una máquina o instrumento que pueda utilizarse en un doble sentido: ayer para explotar al proletariado, mañana para emancipar al proletariado y oprimir a la burguesía. No es una máquina que pueda conquistarse, ni que pueda manejarse al antojo del maquinista de turno. El proletariado no puede conquistar el Estado, porque es la ORGANIZACIÓN política del capital: ha de destruirlo. Si un partido fortalece o reconstruye el Estado, o se limita a conquistar el Estado, no estamos ante una revolución proletaria, sino ante otra forma de capitalismo. El ejemplo histórico más destacado fue el capitalismo de Estado de la extinta Unión Soviética. El Estado no puede ser ABOLIDO de la noche a la mañana por un decreto “revolucionario”, o por un acuerdo social de la mayoría de la sociedad, porque es la organización política del capital y sus relaciones sociales de producción: hay que DESTRUIR esas relaciones sociales de producción y su organización política: el Estado. El Estado no puede ser parcialmente sustituido y parcialmente utilizado (como un semi-Estado obrero) por el proletariado contra el capital, en una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo, esperando que se EXTINGA como una llama sin oxígeno, porque el Estado es la organización política del capital y garantiza las relaciones sociales de producción capitalistas. No existe una semiorganización del capital ni una semigarantía de las relaciones sociales de producción, y ya hemos dicho que la máquina Estado no puede utilizarse, ni semi-utilizarse en un doble sentido, ahora para explotar o semi-explotar al proletariado, mañana para emanciparlo o semi-emanciparlo. El Estado es la organización política total y totalitaria del capital (y de su permanente reproducción) para explotar al proletariado. El proletariado no puede usar, ni semiusar para extinguir; ni abolir, ya sea por decreto, acuerdo mutuo, o votación, el Estado: sólo puede destruirlo.
El proletariado ha de destruir el Estado porque éste es la organización política de la explotación económica del trabajo asalariado. La destrucción del Estado es el inicio de una revolución proletaria.
                                                           *
1.2. El nacionalismo es una IDEOLOGÍA política y, en ocasiones, un movimiento sociopolítico. La época del nacionalismo coincidió con el Romanticismo y la Revolución liberal de finales del 18 y de la primera mitad del 19. Casi siempre coincidió con la formación de un mercado capitalista nacional: unificación de Italia y Alemania, o consolidación y expansión de los imperios francés e inglés. La burguesía catalana de la Renaixença prefirió cobijarse en el seno del Estado español y aprovecharse de la formación de su mercado nacional.
Como ideología, el nacionalismo pone a una determinada nación como el único referente identitario, dentro de una comunidad política; y parte de dos principios básicos con respecto a la relación entre la nación y el Estado: ​
1. El principio de soberanía nacional que mantiene a la nación como única base legítima para el Estado.
2. El principio de nacionalidad sostiene que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación. De ahí se derivan conceptos tan recurrentes como el de España como nación de naciones, o el que define a Cataluña como una nación sin Estado.

El término nacionalismo se aplica tanto a las doctrinas políticas como a los movimientos, esto es, a las acciones colectivas tendentes a lograr las reclamaciones independentistas. En ocasiones, también se llama nacionalismo al sentimiento de pertenencia a una colectividad, considerada como la propia nación, algo en principio identificable con el patriotismo.
​ En el siglo XX se produjo una renovación racista y/o clasista del nacionalismo, en el periodo de entreguerras, vinculado al fascismo o al nazismo. Después de la Segunda guerra mundial, el nacionalismo se vinculó al proceso de descolonización, al antiimperialismo y al tercermundismo, cuando surgieron numerosos grupos denominadosMovimiento de Liberación Nacional.             
Un británico, un francés o un italiano medios no tiene hoy problemas de identificación con su propia patria, ni de aceptación o adhesión a los símbolos nacionales esenciales: bandera, régimen, mitos nacionales, historia…
La relación de un francés o un británico con la democracia es la de un ciudadano; la del español es la de súbdito. El ciudadano francés valora y apela a los valores republicanos y el británico a la monarquía y el parlamento.
Nada semejante entre los españoles: ¿por qué? Porque en España hubo una guerra civil en 1936-1939 en la que el ejército que izó la bandera monárquica venció a su propio pueblo, practicando un exterminio selectivo y masivo de la “otra” ciudadanía, esto es, de la ciudadanía republicana. Las barbaries cometidas por el ejército español y el partido único, Falange, contra su propio pueblo, y la infame represión del Estado franquista contra las libertades y derechos democráticos de sus súbditos, vencidos y esclavos, no tienen parangón en la historia europea contemporánea.
Y no se ha pedido perdón, y no se han juzgado nunca los crímenes del franquismo. ¿Cómo pueden identificarse los españoles descendientes de los represaliados y exiliados republicanos con la bandera bicolor o el himno franquista? ¡Y no basta con cambiar el escudo! Con un partido en el gobierno como el podrido, autoritario y desprestigiado PP, que exalta y se siente sucesor del franquismo, cómo ha de identificarse nadie con ese Estado, excepto los descendientes y beneficiarios de los vencedores de la guerra, los meseteños, sometidos a la desertización del centro peninsular, la extrema derecha y los fascistas.
Aquí hubo una sangrienta guerra civil y sus heridas no se han cerrado. Se quiera, o no, la desafección a ese Estado y a esa herencia franquista y autoritaria es insuperable para muchos españoles y para la casi totalidad de los catalanes. Y la impunidad de la extensa, profunda y arraigada corrupción que abarca el entramado de los partidos políticos del actual régimen monárquico afianzan esa desconfianza del español común hacia su parlamento, su gobierno y su Estado; esto es, hacia el régimen borbónico, herencia del franquismo.
Aquí no se ha decidido aún entre Monarquía y República. La Ruptura con el fascismo y con el franquismo sigue pendiente, pese a su urgencia. Y sigue siendo imprescindible.¡La obsoleta Falange sigue siendo una banda de matones legal, a la que se dignifica con el apelativo de partido político! ¿Imagina alguien  eso en Alemania o en Italia con los nazis o los fascistas? La Fundación Francisco Franco, financiada por el erario público, tiene como objetivo exaltar el terrorismo de Estado practicado por Franco durante 40 años. ¿Imagina alguien una Fundación Hitler o Mussolini en Alemania o en Italia?
La Transición se hizo bajo amenaza explícita del ejército franquista y de la extrema derecha de dar un golpe de Estado cruento, si los antifranquistas no entraban en vereda. El 23 F fue un botón de muestra y, a la vez, una parodia estúpida del golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.
La historia francesa, británica o italiana, y su actual estructura y vida políticas, no tiene los terribles condicionantes que se dan en el Estado español, como resultado de la pesada herencia franquista con la que nunca se ha roto. ¡Así nos va!
El gobierno de la Generalidad se estableció antes de la aprobación de la Constitución de 1978. Josep Tarradellas fue el único exiliado al que la Transición reconoció el cargo que ejercía en el exilio: presidente de la Generalidad de Cataluña.
La generación nacida con el postfranquismo ha perdido el miedo cerval al Estado, su policía y ejército, un terror convertido en segunda naturaleza en las generaciones anteriores.
El nacionalismo catalán goza en la Comunidad autónoma catalana de la empatía de las clases medias y de los profesionales libres, puesto que se presentan como oposición al Estado central franquista.
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1.3. El concepto político de libre autodeterminación de los pueblos deriva de la compleja y ajena, pero poderosa idea de nación, consolidada en el siglo 19 y generalizada en el siglo 20 de la mano del proceso de descolonización. El derecho a la autodeterminación también debe considerarse vinculado evolutiva y conceptualmente con la noción política de independencia, generada por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (en 1776) y el posterior proceso de la Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824).
Durante el siglo 19, trincheras políticas liberales como la Doctrina Monroe de 1823 (América para los americanos) y la Doctrina Drago de 1902 (la deuda pública no justifica la intervención extranjera) pusieron el acento en la ilegitimidad de las intervenciones de las potencias europeas contra las nuevas naciones independientes. Tras la Primera Guerra Mundial y la organización de la Sociedad de Naciones, el principio comenzó a adquirir relevancia, respaldado desde posturas tan diferentes como el liberalismo, el marxismo-leninismo, el socialismo y el nacionalismo.
En 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, fue el primero en desarrollar el principio del derecho de las naciones a la autodeterminación, en un discurso ante el Congreso que debía guiar la reconstrucción europea y evitar nuevas guerras. Era un concepto necesario para proceder al desmembramiento de los caducos y obsoletos Imperios centro-europeos después de la Gran Guerra: Imperio alemán, Imperio austrohúngaro, Imperio ruso e Imperio otomano. Tal filosofía política fue fundamental para trazar las fronteras de Europa Oriental y de los Balcanes, pese a ciertas contradicciones en su implantación práctica. Determinó el nacimiento de Checoslovaquia y Yugoslavia, y el resurgimiento de Polonia, además de importantes cambios en las fronteras como la ampliación del territorio de Rumanía y de Grecia, o bien la consolidación de un estado nacional moderno en la actual Turquía, que certificara la desaparición del Imperio otomano. No obstante, las modificaciones territoriales se acomodaron en muchos casos a tratados secretos, reclamaciones históricas o intereses económicos, políticos y geoestratégicos, y solo se celebraron doce plebiscitos, en los territorios no reclamados por las potencias vencedoras.​ El principio de autodeterminación influyó asimismo en la configuración de la Sociedad de Naciones.
También Lenin se apropió, de forma muy oportunista, del principio del derecho wilsoniano de libre autodeterminación de las naciones, entendido como derecho a la secesión, aunque subordinándolo abstractamente a la lucha de clases. Era una táctica apropiada para debilitar el imperialismo zarista. Cuando los bolcheviques alcanzaron el poder, después de la Revolución de Octubre (1917), el citado principio se proclamó oficialmente en la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia (noviembre de 1917). Los soviéticos reconocieron además la independencia de Finlandia. Fue Stalin quien se especializó en el tema de las nacionalidades y fue Stalin quien profundizó y divulgó el principio de autodeterminación de los pueblos. Fue una conquista estaliniana.
La Constitución de 1924 de la Unión Soviética fue la primera en el mundo que reconoció (teóricamente, aunque no en la práctica) este derecho para sus repúblicas, aunque no para las regiones autónomas.
A principios del siglo 20 el principio de autodeterminación comenzó a adquirir una creciente notoriedad. Pese a todo ello, el poder que aún mantenían las potencias coloniales europeas consiguió que se le negara todo valor jurídico.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la libre determinación de las naciones se convirtió en un principio jurídico de Derecho internacional. Muchas restricciones al principio de autodeterminación se derrumbaron al fundarse las Naciones Unidas (ONU). La Carta de la ONU fue firmada el 26 de junio de 1945. Reconocía en su primer artículo el principio de “libre determinación de los pueblos”, junto al de la “igualdad de derechos”, como base del orden internacional, inspirando el tratamiento que pronto iba a darse a los territorios coloniales.
Las potencias más poderosas admitieron “el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo”, pero se fijaba como objetivo el autogobierno y no la independencia. Por otra parte, apenas existía control alguno sobre los Estados, salvo el deber de informar al Secretario General de la ONU sobre las condiciones “económicas, sociales y educativas” de los pueblos colonizados.
El propósito general de este régimen era permitir que las colonias existentes antes de la Segunda Guerra Mundial decidieran su futuro: la mayoría de los pueblos del mundo estaban sujetos en este momento al colonialismo y se les negaba de hecho la autodeterminación. No obstante, en la Conferencia de San Francisco no se consideró la abolición inmediata del régimen colonial ni se eliminó la ambigüedad que revestía el principio de libre determinación. Fue la fuerza de los acontecimientos el que consolidó una interpretación que supuso un giro radical en el seno de la sociedad internacional. No tardaron en surgir movimientos y guerras de liberación nacional en Asia y África. En primer lugar, la inesperada independencia de la India en 1947, luego con la declaración de independencia de Vietnam frente a Francia, en 1954, que provocó la Guerra de Indochina.
Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas fueron fundamentales en el desarrollo del derecho a la libre autodeterminación. En 1960, los Estados africanos y asiáticos, que habían conseguido recientemente su independencia desde 1945, impusieron su mayoría sobre las potencias coloniales en el seno de la Asamblea general de la ONU. El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea aprobó  una Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, conocida como "Carta Magna de la descolonización", sin votos en contra, pero con la abstención de nueve países, entre los que se encontraban las principales potencias coloniales. La declaración condenó el colonialismo y declaró que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, derecho que se ejercería a través de la consulta a la población, mediante referéndum o plebiscito.
Tal proclamación produjo gran controversia. Existía una colisión entre los intereses de las potencias coloniales y los países del Tercer Mundo, a la que se sumó la tensión entre el derecho de autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados. La resolución 1514 afirmaba que todo intento de quebrantar la unidad nacional era incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, por lo que resultó necesario establecer cómo se compatibilizaban los dos principios. La cuestión fundamental fue la identificación de las entidades legitimadas para invocar el derecho a la autodeterminación.
Al día siguiente se proclamó la resolución 1541 de 15 de diciembre de 1960, que profundizaba en estas cuestiones. Manteniendo que es indispensable que la población autóctona exprese su voluntad libremente, se matizó que esta voluntad no siempre tenía que llevar a la constitución de un nuevo Estado soberano. El ejercicio del derecho de autodeterminación podría llevar a la independencia, a la libre asociación o a la integración en otro Estado. Además, la resolución 1541 concretaba qué pueblos son titulares del derecho de libre determinación, en función de dos criterios básicos: la existencia de diferencias étnicas y culturales y la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli. Esta exigencia de separación territorial implicó que el derecho de autodeterminación solo se reconociera a los pueblos que habitaban territorios coloniales ultramarinos, excluyendo las situaciones de colonialismo interno. Pese a esta limitación, las resoluciones adoptadas dieron un nuevo impulso al proceso de descolonización que llevó a la disolución definitiva de los imperios coloniales europeos. Se generalizaron cruentas revueltas y guerras de liberación nacional en la década de los sesenta: Camerún, Argelia, Congo, Vietnam, Kenia, Angola, Tanzania, Zambia, Malawi, Uganda, Ruanda, etcétera, que terminaron en la mayoría de los casos con la derrota de las potencias europeas y que llevarían a las Naciones Unidas a acordar en 1966 los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y a potenciar formalmente un proceso mundial de descolonización.
El concepto de autodeterminación de los pueblos es, pues, un concepto liberal y marxista-leninista, que nunca ha arraigado entre los anarquistas o anarcosindicalistas. Tal principio es absolutamente ajeno a la teoría anarquista, que propone la idea del Municipio Libre y de su solidaria federación. La defensa y asunción del derecho a la autodeterminación por parte de organizaciones que se dicen y consideran ácratas no es sólo un error; es una aberración y una incoherencia.                                                                                                                 *
Así pues:
1. El Estado es la ORGANIZACIÓN del dominio político, de la coacción permanente y de la explotación económica del proletariado por el capital.
2. El nacionalismo es una IDEOLOGÍA política y, en ocasiones, un movimiento sociopolítico, casi siempre de carácter burgués.
3. La libre autodeterminación de los pueblos es un CONCEPTO y una TÁCTICA política  propugnada por Wilson, apropiada por Lenin y aplicada en el proceso de descolonización de los años sesenta y setenta.
Ni Estado, ni nación, ni derecho a la autodeterminación. La emancipación de los trabajadores de la explotación capitalista será obra de los propios trabajadores o no será. La lucha bajo banderas ajenas, en batallas que no le son propias, sólo puede metamorfosear al proletariado en carne de cañón de la burguesía. El negro es la negación de todos los colores, esto es, de todas las banderas (incluidas las propias) y de todos los nacionalismos.
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2. En la calle
A primeros de septiembre de 2017, diferentes organizaciones de la CUP impulsaron la formación de comités de defensa del Referéndum (CDR) en diversos barrios de Barcelona y en distintas localidades catalanas. Se mostraron fundamentales en el juego del gato y el ratón entre el gobierno de Rajoy y el Govern de la Generalidad por esconder o encontrar papeletas, censos y urnas. Su primera gran acción fue la manifestación/concentración multitudinaria que organizaron el 20 de septiembre frente a la sede del Consejo de Economía, sito en Rambla de Cataluña esquina Gran Vía, para obstaculizar e impedir el registro por parte de la guardia civil de la sede de esa consejería. Finalmente fueron los mossos de escuadra quienes facilitaron la salida de la Guardia civil y de la secretaria del Juzgado. El independentismo había obtenido un enorme éxito. Las fuerzas de la policía nacional y de la guardia civil se habían visto superadas. Las fuerzas nacionalistas habían mostrado su capacidad de control del territorio.
El gobierno de Rajoy manifestó en repetidas ocasiones que no habría referéndum. Los CDR enlazaron con las AMPAs (Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), y a través de éstas con el rico tejido asociativo vecinal, para convertir las escuelas e institutos en colegios electorales. Muchas escuelas fueron ocupadas por las AMPAs desde la noche del sábado para evitar que fueran tomadas por las fuerzas policiales. Los padres organizaron actividades lúdicas con sus hijos, y el domingo 1 de octubre, después de votar se quedaron en los distintos colegios electorales para defender las urnas y evitar su secuestro por las fuerzas “del orden”. Los comités de defensa organizaron y distribuyeron la gente disponible para evitar que colegios sin demasiada afluencia fueran fácilmente intervenidos policialmente. Las brutales cargas policiales en numerosos colegios causaron muchos heridos, ya fueran jóvenes o mayores. Las escenas de salvajismo fueron retransmitidas en directo por radio y televisión, consiguiendo la solidaridad efectiva de personas que estaban por el no a la independencia o que no pensaban votar. Los innecesarios destrozos y desperfectos materiales en los colegios fueron percibidos como un ataque irracional contra la población. La solidaridad vecinal y la defensa de los derechos democráticos básicos convirtieron la participación electoral en un éxito. Entre el vecindario había nacido una magia especial en las relaciones sociales y personales. El Referéndum se hizo una realidad, con todas las irregularidades y deficiencias que se quiera; pero derrotaron al gobierno de Rajoy en su tajante prohibición del Referéndum. El 1 de octubre fue un éxito popular sobre el Estado y sus peores tics franquistas. Fue también un rotundo fracaso internacional del gobierno Rajoy. Además, el independentismo había conseguido ampliar su base popular y electoral.
El 3 de octubre se convocó una Huelga general y un Paro de país, en el que intervenían sindicatos minoritarios, comités de defensa, empresarios, asociaciones diversas y el Govern. Las manifestaciones/concentraciones alcanzaron cifras hasta entonces desconocidas y fueron un absoluto éxito. La brutalidad policial del gobierno Rajoy del 1 de octubre había conseguido unir en la manifestación del 3 de octubre desde independentistas hasta no independentistas, junto a indiferentes y votantes de derecha. Los destrozos en los colegios y los golpes de porra contra gente pacífica que ejercía sus derechos democráticos habían conseguido lo impensable. El 1 y el 3 de octubre son fechas imborrables que lo han modificado todo: hay un antes y un después. Los comités de defensa del Referéndum se habían convertido en comités de defensa de la República. Las asambleas que esos CDR celebran desde entonces dos o tres veces por semana son un nuevo movimiento de base abierto, en los que sin duda alguna predomina el independentismo. Pero escuchar a la gente del barrio como habla de solidaridad y de esa “magia” que impregna ahora sus vidas y las relaciones personales con sus vecinos nos está señalando que ha sucedido algo  importante, que será muy difícil vencer o torcer. Y los libertarios han desaparecido, o peor aún, se han sumado a la marea nacionalista.
Es cierto que no hay aún ninguna alternativa proletaria o revolucionaria. Sin embargo, los CDR son un nuevo movimiento que está en sus orígenes, en un inicial proceso de coordinación, y que puede derivar hacia un movimiento de masas independentista o convertirse en un movimiento popular autónomo y reivindicativo. Todo está por hacer y por decidir.
Pero no sólo se combate por la independencia. También hay un enfrentamiento contra la herencia franquista y autoritaria del Gobierno Rajoy, que se traduce en una batalla firme y pacífica por los derechos democráticos básicos de expresión, asociación, manifestación y en defensa de las libertades fundamentales, que no puede hacerse de otro modo que con su ejercicio. Aun hoy se tiene que reivindicar el derecho de las familias a enterrar los huesos de los asesinados en las cunetas durante la guerra civil. La insoportable corrupción, tanto en España como en Cataluña, es estructural. El régimen de 1978 ha caducado. Incluso desde una perspectiva capitalista, es necesaria una nueva Constitución que solucione el encaje de Cataluña en el Estado.
La negación de la realidad, el autoritarismo y la inflexibilidad del gobierno Rajoy ante la cuestión catalana, la oleada de incendios que arrasan Galicia o el motín de Murcia por las obras del AVE, muestra un deterioro catastrófico en las relaciones Estado-Sociedad, que sólo puede conducir a un traumático cambio de régimen si las multinacionales dan su visto bueno. No puede descartarse alguna masacre aleccionadora que proporcione mártires y héroes a todas las patrias en disputa, ya sea porque alguien pierda los nervios o tome la decisión de no advertir de un atentado terrorista en curso.
La no declaración de independencia del día 10 de octubre es considerada y discutida ya por muchos, en las asambleas de los CDR, como una “traición” en la que las movilizaciones populares juegan un papel de trueque para un pacto entre élites. Conocida es la táctica pactista de Artur Mas: llevar el conflicto en la calle lo más lejos posible, para mostrar al adversario la propia capacidad negociadora en la mesa.
 El 17 de octubre de 2017, con la detención de los agitadores independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya y de Ómnium Cultural, los independentistas y el Govern se han apresurado a señalar que vuelve a haber presos políticos en España, que sin duda servirán algún día como moneda de cambio para obtener la impunidad de los más de mil cargos del PP juzgados por corrupción, o el definitivo sobreseimiento de las causas abiertas contra Jordi Pujol, Millet y tantos otros.
Pero es falso eso de que antes no había presos políticos: ahí están los anarquistas detenidos por el caso Pandora; ahí están los ocho jóvenes detenidos (y penados con tres años de cárcel) por la protesta que rodeó el Parlamento catalán el 15 de junio de 2011, para evitar que el Govern presidido por Artur Mas votara desmesurados recortes en Sanidad y Educación. Esos sí que han sido presos políticos: ¿quién lo recuerda y nos lo recuerda? A corto plazo, parece inminente e irremediable la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención del Govern de la Generalidad por parte del Gobierno de Rajoy, así como la convocatoria de elecciones en Cataluña. Todo ello al margen de que se levante, o no, la cómica “suspensión” de la independencia
Como propone la patronal catalana todo puede terminar, a medio plazo (unos 18 meses), con una grandilocuente y gratuita declaración de Cataluña como nación, una Reforma Constitucional y un nuevo Estatuto; o si se tercia la nueva República catalana y española, con competencias catalanas más amplias en Economía/Hacienda y el blindaje en educación y cultura. También se hará posible la participación en competiciones internacionales de selecciones deportivas catalanas. Y todas estas “conquistas” se celebrarán finalmente con una Amnistía General que contente a todos los corruptos de todas las patrias en liza. República por Borbón, o borrón y cuenta nueva para el capitalismo global.
Participar en determinados movimiento sociales requiere de unas organizaciones fuertes y muy formadas, con unos sólidos e inquebrantables principios. Esa intervención ha de hacerse siempre con el propio programa y con los métodos de lucha adecuados, sin renunciar nunca a la crítica del patriotismo, de sus farsas y maniobras, así como de los objetivos mafiosos de la burguesía, sea la española o la catalana. Sin esa crítica, acerada, precisa y cojonera, se corre el riesgo de confundirse, fundirse y sumarse a las reivindicaciones nacionalistas, siempre ajenas y denigrantes, perdiendo la propia personalidad y objetivos. Estamos tocando el fondo. Los arrecifes del nacionalismo pueden hacer naufragar a muchos navegantes, si no saben superarlos o sortearlos.
El surgimiento de comités de defensa, primero del referéndum y luego de la República,como modelos organizativos de base más allá de los partidos, en los que se discute en el ágora y se toman decisiones sobre todo, es esperanzador. Ese es el difícil desafío de la tormenta que se avecina. La R de los CDR puede volver a cambiar de significado. ¡Mejor naufragar que quedarse en una inmaculada torre de marfil, como guardas de los sacrosantos, incorruptos y puros dogmas de la “infalible” doctrina! Pero si el naufragio es demasiado masivo y evidente ¿quién los rescatará?

Agustín Guillamón
Barcelona, 18 de octubre de 2017


Fuente: http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/39091

domingo, 22 de octubre de 2017

Lo que atenta realmente contra la conciencia es la vida impuesta.

El que tema perder su posición dentro del sistema ha claudicado como individuo libre e independiente. Se transforma en agente activo de la explotación y la dominación cuando acepta las reglas de juego del sistema y la organización social, para ser también sujeto pasivo de los acontecimientos más relevantes de su vida al no tener capacidad de decisión sobre los asuntos que la determinarán y condicionarán como un simulacro en el que cree ser participe pero que en realidad sólo es un figurante de una trama espectacular previamente planificada para darle sentido y una supuesta veracidad mediante la complicidad a su existencia.

No hay trampa. Sólo cambia aquel que quiere cambiar constantemente. El que renace a cada instante, el que olvida el pasado y se disuelve en el presente. Su condición no es la del esclavo sino la que le otorga la libertad de su voluntad y conciencia de ser independiente.

lunes, 16 de octubre de 2017

El juego de la muerte - Thomas Bornot, Gilles Amado, Alain-Michel




Documental que sigue a 80 personas que se presentan voluntarias para participar en el piloto de un nuevo concurso de televisión y que, sin saberlo, están participando en un experimento similar a los que Stanley Milgram realizó en Yale en los años sesenta para estudiar el impacto de la autoridad en la obediencia de la población. Con ellos, Milgram pretendía encontrar una explicación al sometimiento de la sociedad civil alemana bajo el mandato de Adolf Hitler. En este concurso, una glamurosa presentadora ordena a los concursantes que realicen descargas eléctricas a sus compañeros de juego cada vez que éstos fallen las preguntas de un cuestionario. El concurso comienza y, mientras tanto, un grupo de psicólogos analiza los inquietantes resultados. Aunque el concurso es una farsa y las descargas eléctricas no son reales, ni el público en el plató ni los participantes lo saben. Parte del juego les obliga a convertirse en torturadores, realizando descargas eléctricas hasta niveles casi letales. El concurso avanza, la presión del público y de la presentadora es fuerte .¿ Realizarán descargas eléctricas los concursantes?, ¿hasta qué extremo serán capaces de llegar? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer si una figura de autoridad nos lo ordenara? Este controvertido documental generó titulares de prensa por todo el mundo tras su reciente estreno en la televisión francesa. El experimento que muestra El juego de la muerte es una llamada de atención sobre la obediencia ciega a la autoridad y el poder de manipulación de la televisión..

domingo, 15 de octubre de 2017

El placer de la revolución - Ken Knabb


                                                      El momento decisivo

"Volviendo a las ocupaciones de fábricas de mayo de 1968, supongamos que los trabajadores franceses hubieran rechazado las maniobras de los burócratas y establecido una red consejista a través de todo el paı́s. ¿Y entonces qué?

Ante tal eventualidad, la guerra civil habrı́a sido naturalmente inevitable. . . La contrarrevolución armada habrı́a sido lanzada inmediatamente. Pero no habrı́a estado segura de ganar.
Parte de las tropas obviamente se habrı́a amotinado. Los trabajadores habrı́an aprendido a tener armas, y ciertamente no habrı́an construido ninguna otra barricada (una buena forma de expresión polı́tica al principio del movimiento, pero obviamente ridı́cula desde el punto de vista estratégico). . . La intervención extranjera se habrı́a producido inevitablemente. . . Empezando probablemente por las fuerzas de la OTAN, pero con el apoyo directo o indirecto del Pacto de Varsovia. Pero todo habrı́a dependido una vez más del proletariado europeo: doble o nada. (“El comienzo de una nueva época”, Internationale Situationniste, §12).

Toscamente hablando, la significación de la lucha armada varı́a de modo inverso al grado de des-
arrollo económico. En los paı́ses más subdesarrollados las luchas sociales tienden a reducirse a luchas
militares, porque sin armas es poco lo que pueden hacer las masas empobrecidas que les lesiones más
que los dominadores, especialmente cuando su tradicional autosuficiencia ha sido destruida por una
economı́a de monocultivo destinada a la exportación. (Pero incluso si vencen militarmente, pueden sernormalmente dominados por la intervención extranjera o presionados para someterse a la economı́a mundial, a menos que otras revoluciones paralelas en otros lugares abran nuevos frentes).

En los paı́ses más desarrollados la fuerza armada tiene relativamente menos significación, aunque
pueda, por supuesto, ser todavı́a un factor importante en ciertas coyunturas crı́ticas. Es posible, aunque no muy eficiente, forzar a la gente a hacer trabajos manuales simples a punta de pistola. No es posible hacer esto con la gente que trabaja con papel u ordenadores dentro de una sociedad industrial compleja —hay allı́ demasiadas oportunidades de fastidiosos “errores” de los cuales resulta imposible averiguar el autor. El capitalismo moderno requiere una cierta cooperación e incluso participación semicreativa de sus trabajadores. Ninguna gran empresa podrı́a funcionar un sólo dı́a sin la autoorganización espontánea de los trabajadores, al reaccionar a los problemas imprevistos, compensar los errores de los gestores, etc. Si los trabajadores se comprometen en una huelga “de celo” en la que no hagan otra cosa que seguir estrictamente todas las regulaciones oficiales, el funcionamiento total se retardará o incluso se interrumpirá completamente (llevando a los dirigentes, que no pueden condenar abiertamente tal rigor, a una posición divertidamente delicada al tener que indicar a los trabajadores que deberı́an cumplir con su trabajo sin ser demasiado rigurosos). El sistema sobrevive sólo porque la mayorı́a de los trabajadores son relativamente apáticos y, para no buscarse problemas, cooperan lo suficiente para que las cosas marchen.

Las revueltas aisladas pueden reprimirse de modo individual; pero si un movimiento se amplı́a lo
bastante rápido, como en mayo de 1968, unos cientos de miles de soldados y policı́as apenas pueden
hacer nada ante diez millones de trabajadores en huelga. Un movimiento tal sólo puede destruirse desde dentro. Si la gente no sabe lo que tiene qué hacer, las armas no podrán ayudarles; si lo saben las armas no podrán detenerles.

Sólo en ciertos momentos las personas están lo bastante “unidas” para rebelarse con éxito. Los do-
minantes más lúcidos saben que pueden estar seguros mientras puedan contener tales intentos antes de que desarrollen demasiado impulso y autoconciencia, sea mediante represión fı́sica directa o mediante las varias especies de desviación mencionadas arriba. Apenas importa que la gente se dé cuenta más tarde de que han sido engañados, que hubieran tenido la victoria en sus manos sólo de haberlo sabido: una vez que la oportunidad ha pasado, es demasiado tarde.
Las situaciones ordinarias están llenas de confusiones, pero los problemas no son normalmente tan
urgentes. En una situación radical las cosas se simplifican a la vez que se aceleran: los problemas se
vuelven más claros, pero hay menos tiempo para resolverlos.

El caso extremo se dramatiza en una famosa escena del Potemkin de Eisenstein. Los marineros amo-
tinados, con las cabezas cubiertas por una lona, han sido alineados para ser fusilados. Los guardias
apuntan sus rifles y reciben la orden de disparar. Uno de los marineros grita: “¡Hermanos! ¿Sabéis contra quienes disparáis?”. Los guardias vacilan. Se da la orden otra vez. Tras una incertidumbre angustiosa los guardias bajan sus armas. Ayudan a los marineros a atacar el almacén de armas, se unen a ellos contra los oficiales y la batalla pronto es ganada.

Nótese que incluso en esta confrontación violenta el resultado es más un asunto de autoconciencia
que de poder bruto: una vez que los guardias se ponen de parte de los marineros, la lucha ha acabado
efectivamente. (El resto de la escena de Eisenstein —una larga pelea entre un malvado oficinista y un
héroe revolucionario martirizado— es mero melodrama). En contraste con la guerra, en la que dos lados distintos se enfrentan conscientemente uno a otro, “la lucha de clases no es sólo una lucha lanzada contra un enemigo externo, la burguesı́a, es también la lucha del proletariado contra sı́ mismo: contra los efectos devastadores y degradantes del sistema capitalista sobre su conciencia de clase” (Lukács, Historia y conciencia de clase). La revolución moderna tiene la cualidad peculiar de que la mayorı́a explotada gana automáticamente tan pronto como llega a ser colectivamente consciente del juego que se juega.

El oponente del proletariado no es en última instancia sino el producto de su propia actividad alienada bien en la forma económica del capital, la forma polı́tica de partidos y burocracias sindicales, o la forma psicológica del condicionamiento espectacular. Los dominadores son una minorı́a tan pequeña que serı́an aplastados inmediatamente si no hubieran conseguido embaucar a una amplia proporción de la población para que se identifiquen con ellos, o tomen al menos su sistema como dado; y especialmente para que lleguen a dividirse entre ellos.
La lona en la cara, que deshumaniza a los amotinados, haciendo más fácil para los guardias dispa-
rar, simboliza esta táctica de divide-et-impera. El grito “¡Hermanos!” representa la contratáctica de la
confraternización.
Aunque la confraternización refuta la mentira sobre lo que está sucediendo en otras partes, su poder
reside en su mayor parte en el efecto emocional del encuentro humano directo, que recuerda a los
soldados que los insurgentes son personas no esencialmente diferentes de ellos mismos. El estado trata naturalmente de impedir tal contacto llevando tropas de otras regiones que no estén familiarizadas con lo que está teniendo lugar y que, si es posible, no hablen siquiera la misma lengua; y reemplazándolas rápidamente si a pesar de todo llegan a contaminarse demasiado por las ideas rebeldes. (¡A algunas de las tropas rusas enviadas a aplastar la revolución húngara de 1956 les dijeron que estaban en Alemania y que las personas que se les enfrentaban en las calles eran Nazis resurgidos!).

Para descubrir y eliminar a los elementos más radicales, un gobierno provoca a veces deliberadamente  una situación que llevará a una excusa para la represión violenta. Este es un juego peligroso, sin embargo, porq ue, como el incidente del Potemkin, forzar la cuestión puede provocar que las fuerzas armadas se pongan de parte de la gente. Desde el punto de vista de los dominadores la estrategia óptima es blandir la amenaza sólo lo suficiente, de forma que no necesite arriesgar el momento decisivo. Esto funcionó en Polonia en 1980–81. Los burócratas rusos sabı́an que invadir Polonia podrı́a traer consigo su propia caı́da; pero la amenaza constantemente insinuada de tal invasión consiguió intimidar a los trabajadoresradicales polacos, que podı́an fácilmente haber derribado el estado, por tolerar la persistencia de fuerzas militares-burocráticas dentro de Polonia. Éstas pudieron finalmente reprimir el movimiento sin tener que llamar a los rusos.


Descargar: "El placer de la revolucón"
Fuente: "Independencia sense Estat"